PODEMOS BLANES

¿La Ley es la ley? Cada vez que oigo en boca de alguien esta afirmación, “LA LEY ES LA LEY”, se me encadenan inmediatamente un montón inquietudes y preguntas sin respuesta: La Ley es justa. Quien hace la Ley. Porque hay tantas leyes. Cuál es el objetivo de algunas leyes… Fui a buscar las definiciones de los conceptos y me las define así: “La ley (del latín lex, legis) es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una sanción.” Es una definición interesante, pero en ella hay dos temas importantes a meditar:

1- ¿Quién es la autoridad competente?, en una democracia bipartidista donde ya hace muchos años se está exigiendo una nueva Ley electoral y listas abiertas. Como es posible que con toda la corrupción que arrastramos a todos los niveles, y que es patente que la mayoría de los ciudadanos no nos fiamos del modelo existente, y tampoco vemos la mínima voluntad de las autoridades competentes de cambiar la ley electoral. Simplemente porque al día de hoy, no les ha interesado cambiar la ley, y ahora con prisas van a empezar a hacer apaños para seguir manteniendo su estatus. Tengo claro que si todos nosotros participásemos juntos podemos cambiarlo.

2- El segundo tema importantísimo es la expresión: “ en consonancia con la justicia” y para entenderlo he vuelto a recurrir al diccionario:

“La justicia (del latín, iustitia) es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes.” Actualmente podemos concluir que nuestra realidad NO tiene nada que ver con la definición, todas las normas jurídicas están para defender unos intereses económicos que no hace falta que comente. Me sabe mal insistir, pero estoy convencido que todos juntos podríamos conseguir una verdadera separación de los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos.

Lo más grave de la situación, después de 39 años de democracia, es que nuestras autoridades competentes han conseguido un objetivo claro: Podríamos describirlo como “la esclavitud legal del siglo XXI”, los ciudadanos VIVIMOS para trabajar, lo correcto según la definición del valor del bien común sería TRABAJAR para poder vivir. Para mí lo más triste de todo, es que hace tiempo me doy cuenta que para las autoridades competentes he dejado de ser un ciudadano y simplemente soy un NUMERO. Menos mal que con los avances tecnológicos no hace falta que nos lo tatúen.

Javier Andrés Reñaga Mussi